Inicio » Desde el revés de la inopia
Hasta el partido neofranquista acepta ya la reforma de la Constitución. Tras las elecciones generales del próximo otoño se abrirá un proceso que puede ir desde la reforma leve de la Carta Magna hasta la apertura de un proceso constituyente.
Ya veremos hasta donde llega el enfado de los ciudadanos y cómo lo expresan con el voto. Pero parece inevitable una solución federalista si se quiere atajar el sempiterno problema de la configuración del Estado y habrá que ver que papel juega nuestra Comunidad Autónoma en el futuro que viene.
El proceso político y administrativo trazado al amparo del titulo VIII de la Constitución de 1978, con implicaciones culturales, económicas y sociales, cristalizó, como se sabe, con la división de España en una serie de comunidades autónomas. Aun hoy, determinados sectores de opinión abogan por un sistema centralista, con añoranzas franquistas. Otros se colocan dentro del estricto marco constitucional y contemplan la situación actual como la única posible. Algunos, por contra, consideran inevitable una reforma constitucional de tipo federal para arreglar delicados contenciosos políticos.
Por cierto, en este cálido agosto hace treinta tres años que se aprobó, en mitad del estío, el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha. Bueno es recordarlo. En 1842 el escritor y político Wenceslao Ayguals de lzco diseñaba, desde la óptica de las ideas republicano-federales, un proyecto de división administrativa de España en el que, además de criticar la vigente reforma de Javier de Burgos, imaginaba una serie de regiones entre las que figuraba la denominada Castilla-Mancha, con capital en Toledo.
Aunque hubo precedentes anteriores, fue a partir de la aprobación del Decreto de Mancomunidades (1913) cuando se desarrolló, en sectores minoritarios, un sentimiento regional castellanista, predominante en las provincias de Cuenca, Guadalajara o Toledo, y otro mancheguista, más extendido en las de Albacete y Ciudad Real. La revista ilustrada Vida Manchega (1912-1920), editada en Ciudad Real con contenidos de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, fue el mejor exponente del segundo.
Dicha dualidad estuvo presente, más o menos intensamente, hasta la Segunda República. Tras la larga noche centralista de la dictadura, los diseñadores de nuestro actual estado de las Autonomías, que seguramente desconocían el plan de Ayguals, sí eran conscientes de los diversos sentimientos que Castilla y La Mancha despertaban en las cinco provincias. Por tanto, no resulta extraño que en la formación de la Comunidad Autónoma se proyectara dicha dualidad, expresada, incluso, en su propio nombre. La región de Castilla-La Mancha, por otro lado, era en realidad la anterior Castilla la Nueva, aunque con dos cambios: la exclusión de Madrid –con lo que se trataba de evitar que el pez grande se comiese a los chicos– y la inclusión de Albacete –provincia con sentimiento manchego dominante–.
Acudir sólo a la historia para justificar la existencia de divisiones político-administrativas puede ser una especie de miopía, dado que los pueblos, como las personas, son lo que fueron, lo que son y lo que quieren ser. Por ello, aparte de motivaciones históricas, Castilla-La Mancha –no hay que olvidarlo– se constituyó en realidad geopolítica nueva. Una existencia formada por cinco provincias que tenían entonces un elemento en común: el subdesarrollo consecuencia de la marginación, el olvido y el abandono recibidos del poder central.
Así, tras un período preautonómico, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, aprobaba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no llegó para colmar aspiraciones o reivindicaciones del pasado sino como herramienta de transformación, para invertir una situación histórica caracterizada por el desamparo y la frustración.
Hubo dos presidentes preautonómicos, Antonio Fernández-Galiano Fernández (UCD) y Gonzalo Payo Subiza (UCD); uno efímero, antes de la primera elecciones autonómicas, Jesús Fuentes Lázaro (PSOE); otro eterno, desde 1983 hasta 2004, José Bono Martínez (PSOE); José María Barreda Fontes (PSOE) y la primera mujer, María Dolores de Cospedal García (PP).
Desde 1983 ha funcionado en Castilla-La Mancha el bipartidismo casi en estado puro y el rodillo de las mayorías absolutas, una larga a caballo de la demagogia y el populismo y otra corta a lomos de la propaganda y los recortes sociales. Ahora, con Emiliano García-Page Sánchez (PSOE) y por primera vez, hay un gobierno en minoría y gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos ha terminado la pesadilla de los últimos cuatro años ¿Qué nos deparará la nueva situación?
Isidro Sánchez Sánchez
Desde el revés de la inopia
miciudadreal - 21 agosto, 2015 – 10:21
Hasta el partido neofranquista acepta ya la reforma de la Constitución. Tras las elecciones generales del próximo otoño se abrirá un proceso que puede ir desde la reforma leve de la Carta Magna hasta la apertura de un proceso constituyente.
Ya veremos hasta donde llega el enfado de los ciudadanos y cómo lo expresan con el voto. Pero parece inevitable una solución federalista si se quiere atajar el sempiterno problema de la configuración del Estado y habrá que ver que papel juega nuestra Comunidad Autónoma en el futuro que viene.
El proceso político y administrativo trazado al amparo del titulo VIII de la Constitución de 1978, con implicaciones culturales, económicas y sociales, cristalizó, como se sabe, con la división de España en una serie de comunidades autónomas. Aun hoy, determinados sectores de opinión abogan por un sistema centralista, con añoranzas franquistas. Otros se colocan dentro del estricto marco constitucional y contemplan la situación actual como la única posible. Algunos, por contra, consideran inevitable una reforma constitucional de tipo federal para arreglar delicados contenciosos políticos.
Por cierto, en este cálido agosto hace treinta tres años que se aprobó, en mitad del estío, el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha. Bueno es recordarlo. En 1842 el escritor y político Wenceslao Ayguals de lzco diseñaba, desde la óptica de las ideas republicano-federales, un proyecto de división administrativa de España en el que, además de criticar la vigente reforma de Javier de Burgos, imaginaba una serie de regiones entre las que figuraba la denominada Castilla-Mancha, con capital en Toledo.
Aunque hubo precedentes anteriores, fue a partir de la aprobación del Decreto de Mancomunidades (1913) cuando se desarrolló, en sectores minoritarios, un sentimiento regional castellanista, predominante en las provincias de Cuenca, Guadalajara o Toledo, y otro mancheguista, más extendido en las de Albacete y Ciudad Real. La revista ilustrada Vida Manchega (1912-1920), editada en Ciudad Real con contenidos de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, fue el mejor exponente del segundo.
Dicha dualidad estuvo presente, más o menos intensamente, hasta la Segunda República. Tras la larga noche centralista de la dictadura, los diseñadores de nuestro actual estado de las Autonomías, que seguramente desconocían el plan de Ayguals, sí eran conscientes de los diversos sentimientos que Castilla y La Mancha despertaban en las cinco provincias. Por tanto, no resulta extraño que en la formación de la Comunidad Autónoma se proyectara dicha dualidad, expresada, incluso, en su propio nombre. La región de Castilla-La Mancha, por otro lado, era en realidad la anterior Castilla la Nueva, aunque con dos cambios: la exclusión de Madrid –con lo que se trataba de evitar que el pez grande se comiese a los chicos– y la inclusión de Albacete –provincia con sentimiento manchego dominante–.
Acudir sólo a la historia para justificar la existencia de divisiones político-administrativas puede ser una especie de miopía, dado que los pueblos, como las personas, son lo que fueron, lo que son y lo que quieren ser. Por ello, aparte de motivaciones históricas, Castilla-La Mancha –no hay que olvidarlo– se constituyó en realidad geopolítica nueva. Una existencia formada por cinco provincias que tenían entonces un elemento en común: el subdesarrollo consecuencia de la marginación, el olvido y el abandono recibidos del poder central.
Así, tras un período preautonómico, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, aprobaba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no llegó para colmar aspiraciones o reivindicaciones del pasado sino como herramienta de transformación, para invertir una situación histórica caracterizada por el desamparo y la frustración.
Hubo dos presidentes preautonómicos, Antonio Fernández-Galiano Fernández (UCD) y Gonzalo Payo Subiza (UCD); uno efímero, antes de la primera elecciones autonómicas, Jesús Fuentes Lázaro (PSOE); otro eterno, desde 1983 hasta 2004, José Bono Martínez (PSOE); José María Barreda Fontes (PSOE) y la primera mujer, María Dolores de Cospedal García (PP).
Desde 1983 ha funcionado en Castilla-La Mancha el bipartidismo casi en estado puro y el rodillo de las mayorías absolutas, una larga a caballo de la demagogia y el populismo y otra corta a lomos de la propaganda y los recortes sociales. Ahora, con Emiliano García-Page Sánchez (PSOE) y por primera vez, hay un gobierno en minoría y gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos ha terminado la pesadilla de los últimos cuatro años ¿Qué nos deparará la nueva situación?
Isidro Sánchez Sánchez
Desde el revés de la inopia
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