Inicio » Desde el revés de la inopia
Es sabido que algunos de los cursos de formación subvencionados por distintas instituciones tienen múltiples irregularidades o estafas, que en ocasiones se convierten en delitos contra la Hacienda Pública, prevaricaciones, malversaciones, fraudes de subvenciones o delitos continuados de falsedad documental. Los escándalos en este sentido están siendo frecuentes en Andalucía o Madrid, donde tanto responsables empresariales como de la Administración son detenidos con cierta frecuencia.
Las ayudas públicas para la formación de los trabajadores se han convertido así en una fórmula poco eficaz, que no cumple adecuadamente sus objetivos de formación, en la que se emplea un verdadero río de millones, utilizados a veces de manera inverecunda, por el engaño, el amiguismo, el clientelismo y, en fin, la corrupción.
La “picaresca” es muy variada, como puede observarse en la prensa: cursos anunciados que no se realizan, descontroles administrativos, justificación de más horas de profesorado de las realizadas, un precio mayor de la hora de profesor en la justificación que en la realidad, cantidad abonada al profesor menor que la acordada, conocimiento de la llegada de los inspectores con la consiguiente preparación de todo, traslados de informes con anomalías por parte de inspectores que no tienen consecuencias, subcontrataciones de cursos, actuaciones administrativas para dar apariencia de legalidad a métodos irregulares…
Y es que los cursos de formación para el empleo, gestionados por el ministerio correspondiente, comunidades autónomas, muy diversos agentes sociales y empresas están de forma reiterada en las páginas de los periódicos por su importancia social, pero también por los escándalos que se han desarrollado con relativa frecuencia. Mueven más de 2.000 millones de euros al año y es un sistema que tiene poco más de cuatro lustros de vida, cuya imagen se ha deteriorado por los frecuentes fraudes.
Ante los escándalos producidos, en marzo de 2015 se aprobó en el Congreso una reforma del sistema con el que se buscaba, según sus promotores, acabar con el fraude y mejorar la eficacia de los cursos y en la que las únicas beneficiadas han sido las empresas. Uno es escéptico, visto lo visto, pero hay que esperar para ver el desarrollo de la cuestión.
Pero no todo debería acabar con la reforma del sistema. En un país caracterizado por el descontrol, la picaresca y una corrupción sistémica, las instituciones tendrían que controlar mucho más el sistema de formación, haciendo investigaciones de las actividades desarrolladas. Y no sólo por vía judicial, cuando media denuncia de algún tipo, sino mediante la elaboración de auditorías y controles en Andalucía y en Madrid, pero también en otras zonas de España.
En este sentido, es posible pensar que en Castilla-La Mancha también se habrían podido producir irregularidades, aunque no se han denunciado hasta ahora. Y al amparo de la tercera medida del acuerdo entre PSCM-PSOE y Podemos CLM para el apoyo de los diputados de Podemos a la investidura, como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, se podría indagar en las fórmulas empleadas en los cursos de formación y en la realización del gasto. Parte del texto de dicha media es el siguiente: “Plantear una Auditoría para aclarar las cuentas públicas y crear un nuevo órgano de fiscalización externo (Cámara de Cuentas) que reemplace al que el Partido Popular ha suprimido. Se publicarán los informes internos y externos de evaluación de los servicios y políticas públicas”. Si se investiga, quizá nos llevaremos alguna sorpresa. Y hasta aquí puedo escribir.
Isidro Sánchez Sánchez
Desde el revés de la inopia
Es sabido que algunos de los cursos de formación subvencionados por distintas instituciones tienen múltiples irregularidades o estafas, que en ocasiones se convierten en delitos contra la Hacienda Pública, prevaricaciones, malversaciones, fraudes de subvenciones o delitos continuados de falsedad documental. Los escándalos en este sentido están siendo frecuentes en Andalucía o Madrid, donde tanto responsables empresariales como de la Administración son detenidos con cierta frecuencia.
Las ayudas públicas para la formación de los trabajadores se han convertido así en una fórmula poco eficaz, que no cumple adecuadamente sus objetivos de formación, en la que se emplea un verdadero río de millones, utilizados a veces de manera inverecunda, por el engaño, el amiguismo, el clientelismo y, en fin, la corrupción.
La “picaresca” es muy variada, como puede observarse en la prensa: cursos anunciados que no se realizan, descontroles administrativos, justificación de más horas de profesorado de las realizadas, un precio mayor de la hora de profesor en la justificación que en la realidad, cantidad abonada al profesor menor que la acordada, conocimiento de la llegada de los inspectores con la consiguiente preparación de todo, traslados de informes con anomalías por parte de inspectores que no tienen consecuencias, subcontrataciones de cursos, actuaciones administrativas para dar apariencia de legalidad a métodos irregulares…
Y es que los cursos de formación para el empleo, gestionados por el ministerio correspondiente, comunidades autónomas, muy diversos agentes sociales y empresas están de forma reiterada en las páginas de los periódicos por su importancia social, pero también por los escándalos que se han desarrollado con relativa frecuencia. Mueven más de 2.000 millones de euros al año y es un sistema que tiene poco más de cuatro lustros de vida, cuya imagen se ha deteriorado por los frecuentes fraudes.
Ante los escándalos producidos, en marzo de 2015 se aprobó en el Congreso una reforma del sistema con el que se buscaba, según sus promotores, acabar con el fraude y mejorar la eficacia de los cursos y en la que las únicas beneficiadas han sido las empresas. Uno es escéptico, visto lo visto, pero hay que esperar para ver el desarrollo de la cuestión.
Pero no todo debería acabar con la reforma del sistema. En un país caracterizado por el descontrol, la picaresca y una corrupción sistémica, las instituciones tendrían que controlar mucho más el sistema de formación, haciendo investigaciones de las actividades desarrolladas. Y no sólo por vía judicial, cuando media denuncia de algún tipo, sino mediante la elaboración de auditorías y controles en Andalucía y en Madrid, pero también en otras zonas de España.
En este sentido, es posible pensar que en Castilla-La Mancha también se habrían podido producir irregularidades, aunque no se han denunciado hasta ahora. Y al amparo de la tercera medida del acuerdo entre PSCM-PSOE y Podemos CLM para el apoyo de los diputados de Podemos a la investidura, como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, se podría indagar en las fórmulas empleadas en los cursos de formación y en la realización del gasto. Parte del texto de dicha media es el siguiente: “Plantear una Auditoría para aclarar las cuentas públicas y crear un nuevo órgano de fiscalización externo (Cámara de Cuentas) que reemplace al que el Partido Popular ha suprimido. Se publicarán los informes internos y externos de evaluación de los servicios y políticas públicas”. Si se investiga, quizá nos llevaremos alguna sorpresa. Y hasta aquí puedo escribir.
Isidro Sánchez Sánchez
Desde el revés de la inopia
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