miciudadreal - 16 junio, 2017 – 10:10
Hace unos días, en los jardines del Prado de Ciudad Real, el jiennense José Flores recibe el aplauso del numeroso público asistente a la final de la VII edición del Slam Poetry España y se convierte en ganador con “Los huesos que quedan por desenterrar de las cunetas de nuestra memoria”. En Micr.es (11.6.2017) se explica que son unos versos hilados a través de la historia de dos jóvenes y sus abuelos, con un vehemente alegato como conclusión: “Abrid una fosa y abrid otra puta fosa, cerrad esta herida y devolvedme su honra porque no podéis devolverme su vida”.
En España se produce una especie de pacto de silencio sobre la cuestión durante la Transición. No obstante, poco después de la muerte del dictador, como ha estudiado Paloma Aguilar, familiares de fusilados republicanos exhuman sus restos para trasladarlos a cementerios, sobre todo en Extremadura, La Rioja y Navarra (tintaLibre, mayo de 2017). Escribe la autora que “los curas y alcaldes progresistas, muchos de ellos descendientes de represaliados, resultaron esenciales para organizar esta iniciativa”.
Pero hasta el año 2000 no se pone en marcha la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el sociólogo y periodista Emilio Silva Barrera a la cabeza, que ha publicado, junto a Santiago Macías, el libro Las Fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las cunetas (diversas ediciones a partir de 2003). Su objetivo principal es la búsqueda de víctimas de la represión durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, cuyos cuerpos, habitualmente enterrados en fosas comunes, no pudieron ser recuperados por sus familiares. Los hijos de las víctimas callaron, por miedo o por la presión mediática y política, pero los nietos continúan desde el comienzo del siglo XXI un proceso iniciado levemente en los primeros años de la Transición, antes del golpe de Antonio Tejero Molina.
Mapa de fosas en España. Fuente: Ministerio de Justicia (10-6-2017)
Francisco Etxeberria Gabilondo, prestigioso profesor de medicina legal y forense, es una de las personas que más trabaja en el proceso de recuperación. Hace poco más de un año declara que ha exhumado 400 fosas y recuperados más de 8.500 esqueletos en dieciséis años (ctxt, Público, 20.4.2016). Se introduce la entrevista con la siguiente presentación: “Capaz de demostrar que Salvador Allende se suicidó. Ahondar en la hipótesis de que a Pablo Neruda le mataron inoculándole gérmenes patógenos. Propiciar con una investigación la identidad de los autores de los tiros a Víctor Jara, quien cantaba ‘la vida es eterna en cinco minutos’. Identificar los huesos enterrados en cal de las primeras víctimas del GAL: ‘Caso Lasa y Zabala’. Recuperar más de 8.500 esqueletos de asesinados fuera del campo de batalla y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil o recoger el estremecedor testimonio de mil torturados en la España democrática”.
Mapa de fosas en Castilla-La Mancha. Fuente: Ministerio de Justicia (10-6-2017)
Ya se sabe que España es el segundo país en el mundo, después de Camboya, con más fosas comunes. Como aquí se hace muy poco al respecto, se abre la Querella argentina, aunque las autoridades españolas se niegan a cooperar con la justicia de aquel país, que investiga los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Es más, según el último informe de Amnistía Internacional, una circular fechada el 30 de septiembre de 2016 de la Fiscalía General del Estado da instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opongan a cualquier investigación judicial solicitada desde Argentina, argumentando que los crímenes en cuestión, que incluyen desapariciones forzadas y tortura, no pueden investigarse de acuerdo con la Ley de Amnistía, entre otras, y debido a la prescripción de los delitos.
Por otra parte, las recomendaciones de la ONU, según diversos informes, son ignoradas sistemáticamente por los gobiernos españoles: “Adoptar todas las medidas necesarias, incluso legislativas, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular derogando la Ley de Amnistía de 1977. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las autoridades nacionales, incluso el poder judicial, reconozcan la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad” (Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista del examen del informe de España durante la 5ª sesión del Comité, 4 a 15 de noviembre de 2013).
Y es que en España hay un problema, aunque las instancias oficiales ignoren a víctimas y familias. Resumiendo con una frase esa actitud puede decirse que ni se investiga ni se deja investigar. Dan Hancox escribe hace unos meses en el diario New York Times (9.12.2016), en una tribuna abierta cuyo título sirve para encabezar este artículo, que aumenta el clamor social para que las víctimas sean reconocidas y que la situación puede estar cambiando. El periodista afirma que España, a diferencia de otros países, no ha ajustado cuentas con su pasado, porque, pese a las reclamaciones de amplios sectores de la sociedad civil, los políticos se escudan en aquello de mirar al futuro y no generar divisiones. Pero Hancox afirma que la premisa es falsa y que el país ya no puede escapar de su pasado.
El artículo comienza con el recuerdo de una frase de Federico García Lorca, escrita en 1933, sólo tres años antes de su asesinato: “en España, los muertos están más vivos que los muertos de cualquier otro lugar del mundo” y resalta que en los años recientes, por el impulso de la sociedad civil, el clamor para reconocer a los desaparecidos y conmemorar a estos “fantasmas” ha crecido con fuerza.
Isidro Sánchez
Desde el revés de la inopia
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