El dinero es de todos, pero se niegan a aceptarlo

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miciudadreal - 14 julio, 2017 – 10:25

Diciembre de 2016. Representantes de eldiario.es solicitan al Ministerio de Fomento datos referidos a modificados de la gran obra pública de los últimos años. Tratan de conocer, en una labor de control propia de la prensa ‒poco frecuente en España, donde los poderes económicos controlan los Grandes Medios de Persuasión y Propaganda (GMPP)‒ cuánto aumenta el precio final sobre el presupuesto de adjudicación de los concursos públicos entre 2008 y 2015, años durante los que el Ministerio de Fomento determina 30.000 millones de euros para dichas obras.





Por supuesto, el ministro, con el total apoyo del presidente que apela constantemente al cumplimiento de la Ley, se niega a responder. Después, el Consejo de la Transparencia, controlado por el Gobierno pero con un poco de vergüenza, apoya la solicitud del diario digital y obliga a Fomento a hacer públicos esos datos. Ignacio Escolar escribe al respecto lo siguiente: “¿La respuesta del Gobierno? Recurrir a los tribunales. Presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar que esa información no salga a la luz. Gastar recursos de la abogacía del Estado para que los ciudadanos no sepan cómo se emplea el dinero de sus impuestos” (eldiario.es, 10.7.2017).
Durante el pasado junio, por otra parte, conocemos que ocho ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios de comunicación en publicidad institucional, demasiadas veces sólo de autobombo. En 2016 eldiario.es hace una serie de preguntas, mediante el Portal de Transparencia, a trece ministerios sobre las inversiones en publicidad insertada en medios de comunicación desde 2012 a 2015. Ocho meses después, la única respuesta llega de Hacienda, que no da cuenta de sus campañas, sólo muestra las de la Agencia Tributaria, organismo dentro del Ministerio.

Campañas (Plan 2017 de Publicidad y Comunicación Institucional)

El resto de departamentos deniega la petición de información de manera coordinada, prestos a la orden del presidente del partido de la corrupción, y los responsables deciden acudir a la justicia ordinaria como “último recurso que les queda para poder seguir guardando estos datos, ya que el dictamen que les insta a darlos es de obligado cumplimiento” (eldiario.es, 4.6.2017). Por ejemplo, el Gobierno español gasta en 2015 casi 38 millones de euros en mensajes publicitarios en medios de comunicación. Y lo hacen con nuestro dinero, aunque se niegan a mostrar de qué modo pues podemos descubrir su radical sectarismo. Las tablas que acompañan el artículo muestran la situación para 2017.
En ese sentido, todavía se recuerda que gracias a una filtración pudimos conocer el gasto en publicidad de la recortadora máxima, María Dolores de Cospedal García, premiada con un ministerio. Mientras bajaba sueldos, despedía a miles de funcionarios o recortaba otros muchos gastos sociales, la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha pasaba, bajo su batuta, veintidós millones de euros a los medios de comunicación amigos (elplural.com, 15.12.2014). Por supuesto, la máxima cantidad, casi cinco millones de euros, para el amigo Méndez Pozo, constructor burgalés, dueño de las Tribunas de Castilla-La Mancha y de una serie de medios en Castilla y León. En el otro extremo Lanza, periódico decano de la Región, a quien la Fundación tiene a bien conceder inserciones publicitarias por valor de 968 euros. En radio, la SER recibe unos trescientos mil euros frente a la preferida COPE, emisora de la Iglesia, que llega a superar el millón setecientos mil.

Presupuesto (Plan 2017 de Publicidad y Comunicación Institucional)

Pero esa parcialidad no se encuentra sólo en el Partido Popular, la formación política más corrupta de la historia española. El PSOE, desde diversas administraciones, también la practica. Medios de comunicación hay que no reciben un euro de publicidad institucional pues son críticos con alguna posición de los gestores socialistas. Esa, por desgracia, es una práctica común en España. Se disfrazan demasiados datos del gasto público y los “cumplidores de la ley” hacen todo lo posible para ocultar cómo gastan nuestro dinero e intentan enmascarar caciquismos, amiguismos, ineficacias o malversaciones. Quieren disimular lo que sabemos, que están al servicio de poderes económicos y, demasiadas veces, de sus propios intereses. Así, en muchas ocasiones nuestro dinero se gasta en las diversas administraciones como si fuera de los propios gestores. Se niegan a dar cuenta del gasto de los fondos públicos, que son de todos, actuando como si de un negocio propio se tratara.
Lo escribe muy bien Ignacio Escolar en eldiario.es (5.6.2017): “A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, los datos del reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las administraciones españolas. Con esos fondos, algunos políticos compran periodistas, portadas, editoriales, columnistas, tertulianos… Detrás de la opacidad en este reparto publicitario se esconde la principal palanca para controlar a la prensa: una poderosa herramienta para la propaganda y la censura”.

Publicidad institucional con Cospedal. Fuente: Informe 2015. Los medios de comunicación en CLM (2016)

En esta línea, ayer mismo se produce la noticia de que el Gobierno de Manuela Carmena ofrece por primera vez a los ciudadanos los datos de inversión publicitaria del Ayuntamiento madrileño durante 2016, datos opacos con gobiernos anteriores, en prensa de papel, radio, Internet y digitales.
Miguel de Unamuno, parece que en una conferencia dictada en el Ateneo de Valencia en 1902, llega a decir que “La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba”.

Isidro Sánchez

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