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miciudadreal - 4 marzo, 2016 – 09:07
Es cierto que España ha avanzado mucho en las últimas décadas,
aunque la crisis actual ensombrece los progresos. Se puede recordar, por
ejemplo, que en Castilla-La Mancha el nivel de vida era muy bajo antes
de morir Franco pues, según datos del INE, en 1968 sólo tenían lavadora
el 33 por ciento de viviendas, frigorífico el 22, televisor el 28 o
teléfono el 10.
La democracia, tras una compleja y violenta transición, posibilitó una mejora económica importante y la organización autonómica del Estado ha acercado la administración al ciudadano, aunque se han generado otros importantes problemas que trataré en otra ocasión.
Sin embargo, la prosperidad económica convive con serios problemas en la cultura y la educación. La situación se ha caracterizado, según diversos autores, por una democracia de baja calidad, debido a una serie de cuestiones, como la discriminatoria ley electoral. Aunque en principio el fin era bueno –evitar un Parlamento excesivamente fragmentado–, el resultado ha sido un bipartidismo asfixiante y excluyente, roto por fin tras las elecciones del 20 de diciembre pasado.
Los partidos, con ese bipartidismo como marco, habían dejado de ser asociaciones garantes de la voluntad ciudadana para ser elementos autocomplacientes, con elevados niveles de corrupción, dominio de la vida pública, control de los procesos electorales y, por tanto, del Parlamento. Y lo han hecho con abundantes medios, económicos y administrativos, gracias a listas cerradas y bloqueadas, subvenciones económicas, condonaciones de deudas por la banca, espacios gratuitos en los medios de comunicación… Y han controlado la designación de miembros de variadas instituciones: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE y otros. En buena medida ya no representan a la sociedad ni buscan el provecho de los electores; se dedican a preservar sus propios intereses y, fundamentalmente, los de la oligarquía económica y financiera.
Así, el ejercicio del poder ha generado, según afirmaba el periodista Javier Pradera en su magnífico libro –Corrupción y política. Los costes de la democracia (2014)–, desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, cuyas causas hay que buscar “en el recurso frecuente a la mentira y en el incumplimiento habitual de las promesas”. Pradera escribió ese libro en 1994, lo guardó en un cajón y ahora su viuda ha propiciado la edición tras su muerte, pero tiene una rabiosa actualidad. En el pleno de investidura del día 2 de marzo pasado Rajoy tuvo un significativo lapsus: “Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente”.
El poder político es relegado así a un tercer lugar, detrás del económico y el mediático, como indicaba Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomátique, en su obra La Tiranía de la comunicación (1998). Hay que recordar que las empresas que controlan la actividad económica y un buen número de grandes medios culturales e informativos están en manos de muchos de los insaciables herederos financieros que apoyaron al franquismo, reunidos en gran parte en el Ibex 35. O dicho de otra forma, los poderes económicos que mangonearon durante los cuarenta años de dictadura han seguido campando a sus anchas durante los casi cuarenta de democracia. Es decir, tenemos formalmente una democracia política, elemento importante en un país con dos dictaduras en el siglo XX, a la que no ha seguido una democracia económica y social. Eso ha hecho posible lo que indicaba de forma muy gráfica el Roto en su viñeta del día 2 de marzo pasado en El País: “Dicen que los billetes tienen los días contados. Sí, se los están quedando unos pocos”.
Sin embargo, tras el terremoto iniciado con el 15M, hemos vivido años de vértigo, con significativos retos para el país. Conocemos cambios importantes y creo que vamos hacia una segunda transición. El régimen del 78 está muriendo, como muestran los resultados de los últimos procesos electorales, la crisis del bipartidismo, la extensión de la corrupción, la desaparición de capitalistas importantes o la propia abdicación del Rey Juan Carlos, “el primer operador fraudulento del país”, según apuntaba Gregorio Morán en su reeditado El precio de la transición (2015).
De momento las movilizaciones populares se han reducido. El resultado electoral de Ciudadanos, la nueva apuesta del Ibex 35, no ha sido lo bueno que sus promotores deseaban. Rajoy, asediado por la corrupción, está amortizado y sólo falta un empujón para su muerte política. El PSOE se debate entre el neoliberalismo y sus raíces socialdemócratas. Mientras tanto, las fuerzas a su izquierda no pueden abrir un nuevo proceso constitucional, más beneficioso para la mayoría. Los cambios habidos certifican la muerte del bipartidismo y los partidos harán bandera ahora de la transparencia y la lucha contra la corrupción, incluso Luis Garicano, coordinador del programa económico de Ciudadanos, habla de “acabar con la corrupción y el capitalismo de amiguetes”. Pero las cuestiones económicas son sagradas, el Ibex 35 vigila y lanza sus medios de comunicación contra cambios de calado. Sólo tolerarán una segunda transición con la condición de que sea un cambio cosmético, lampedusiano. Ya se sabe, cambiar algo para que nada cambie y ellos puedan continuar con la sartén por el mango.
Llevamos ya mucho tiempo que se habla poco de la España de la pobreza, de la “ley mordaza” (40.000 sanciones a su sombra en un año, según diario.es), del recorte de derechos laborales, de los desahucios, del hambre, del paro, de las familias sin ingresos, de los copagos, de los emigrantes. Ya sólo se habla de MR, AR, PS, PI, AG y pasaremos el 2016 con el mismo tema, con unas posibles elecciones a mediados de año. Y es que, como significaba el Roto en su viñeta de El País, publicada el día 29 de febrero de 2016, el nuestro es un país de “Barones, duques, jerarcas, banqueros”, es decir, “¡Una democracia feudal!”.
Isidro Sánchez
Apuntes de historia
La democracia, tras una compleja y violenta transición, posibilitó una mejora económica importante y la organización autonómica del Estado ha acercado la administración al ciudadano, aunque se han generado otros importantes problemas que trataré en otra ocasión.
Sin embargo, la prosperidad económica convive con serios problemas en la cultura y la educación. La situación se ha caracterizado, según diversos autores, por una democracia de baja calidad, debido a una serie de cuestiones, como la discriminatoria ley electoral. Aunque en principio el fin era bueno –evitar un Parlamento excesivamente fragmentado–, el resultado ha sido un bipartidismo asfixiante y excluyente, roto por fin tras las elecciones del 20 de diciembre pasado.
Corrupción y política
Los partidos, con ese bipartidismo como marco, habían dejado de ser asociaciones garantes de la voluntad ciudadana para ser elementos autocomplacientes, con elevados niveles de corrupción, dominio de la vida pública, control de los procesos electorales y, por tanto, del Parlamento. Y lo han hecho con abundantes medios, económicos y administrativos, gracias a listas cerradas y bloqueadas, subvenciones económicas, condonaciones de deudas por la banca, espacios gratuitos en los medios de comunicación… Y han controlado la designación de miembros de variadas instituciones: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE y otros. En buena medida ya no representan a la sociedad ni buscan el provecho de los electores; se dedican a preservar sus propios intereses y, fundamentalmente, los de la oligarquía económica y financiera.
La tiranía de la comunicación
Así, el ejercicio del poder ha generado, según afirmaba el periodista Javier Pradera en su magnífico libro –Corrupción y política. Los costes de la democracia (2014)–, desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, cuyas causas hay que buscar “en el recurso frecuente a la mentira y en el incumplimiento habitual de las promesas”. Pradera escribió ese libro en 1994, lo guardó en un cajón y ahora su viuda ha propiciado la edición tras su muerte, pero tiene una rabiosa actualidad. En el pleno de investidura del día 2 de marzo pasado Rajoy tuvo un significativo lapsus: “Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente”.
El poder político es relegado así a un tercer lugar, detrás del económico y el mediático, como indicaba Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomátique, en su obra La Tiranía de la comunicación (1998). Hay que recordar que las empresas que controlan la actividad económica y un buen número de grandes medios culturales e informativos están en manos de muchos de los insaciables herederos financieros que apoyaron al franquismo, reunidos en gran parte en el Ibex 35. O dicho de otra forma, los poderes económicos que mangonearon durante los cuarenta años de dictadura han seguido campando a sus anchas durante los casi cuarenta de democracia. Es decir, tenemos formalmente una democracia política, elemento importante en un país con dos dictaduras en el siglo XX, a la que no ha seguido una democracia económica y social. Eso ha hecho posible lo que indicaba de forma muy gráfica el Roto en su viñeta del día 2 de marzo pasado en El País: “Dicen que los billetes tienen los días contados. Sí, se los están quedando unos pocos”.
El precio de la Transición
Sin embargo, tras el terremoto iniciado con el 15M, hemos vivido años de vértigo, con significativos retos para el país. Conocemos cambios importantes y creo que vamos hacia una segunda transición. El régimen del 78 está muriendo, como muestran los resultados de los últimos procesos electorales, la crisis del bipartidismo, la extensión de la corrupción, la desaparición de capitalistas importantes o la propia abdicación del Rey Juan Carlos, “el primer operador fraudulento del país”, según apuntaba Gregorio Morán en su reeditado El precio de la transición (2015).
De momento las movilizaciones populares se han reducido. El resultado electoral de Ciudadanos, la nueva apuesta del Ibex 35, no ha sido lo bueno que sus promotores deseaban. Rajoy, asediado por la corrupción, está amortizado y sólo falta un empujón para su muerte política. El PSOE se debate entre el neoliberalismo y sus raíces socialdemócratas. Mientras tanto, las fuerzas a su izquierda no pueden abrir un nuevo proceso constitucional, más beneficioso para la mayoría. Los cambios habidos certifican la muerte del bipartidismo y los partidos harán bandera ahora de la transparencia y la lucha contra la corrupción, incluso Luis Garicano, coordinador del programa económico de Ciudadanos, habla de “acabar con la corrupción y el capitalismo de amiguetes”. Pero las cuestiones económicas son sagradas, el Ibex 35 vigila y lanza sus medios de comunicación contra cambios de calado. Sólo tolerarán una segunda transición con la condición de que sea un cambio cosmético, lampedusiano. Ya se sabe, cambiar algo para que nada cambie y ellos puedan continuar con la sartén por el mango.
Llevamos ya mucho tiempo que se habla poco de la España de la pobreza, de la “ley mordaza” (40.000 sanciones a su sombra en un año, según diario.es), del recorte de derechos laborales, de los desahucios, del hambre, del paro, de las familias sin ingresos, de los copagos, de los emigrantes. Ya sólo se habla de MR, AR, PS, PI, AG y pasaremos el 2016 con el mismo tema, con unas posibles elecciones a mediados de año. Y es que, como significaba el Roto en su viñeta de El País, publicada el día 29 de febrero de 2016, el nuestro es un país de “Barones, duques, jerarcas, banqueros”, es decir, “¡Una democracia feudal!”.
Isidro Sánchez
Apuntes de historia
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