Isidro Sánchez Sánchez.- En octubre de 2018 comienza
su andadura la escuela de hostelería y restaurante El Sembrador, puesta
en marcha por Cáritas en la calle Sancho Panza de Albacete como
experiencia novedosa en Castilla-La Mancha.
La primera iniciativa de este tipo fue de la Asociación Comisión
Católica Española de Migración (ACCEM), que tiene domicilio en
Guadalajara. Aunque en realidad dicha organización está presente en doce
comunidades autónomas. Pero la sede en la ciudad alcarreña u otro lugar
de la Comunidad Autónoma es obligada para conseguir ayudas de la Junta
de Comunidades. Se trata de las denominadas empresas de inserción.
En
el registro correspondiente figuran a fecha de hoy sólo seis empresas: Savia
Nueva Servicios Generales S.L.U. (ACCEM, Guadalajara), Reciclamoda S.L. (Cáritas
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara), Cortijo Covaroca S.L. (Fundación El
Sembrador), Recuperaciones El Sembrador S.L. (Fundación El Sembrador), Viveros
El Sembrador S.L. (Fundación El Sembrador y Tecnología de La Mancha S.L.) e
Integra Todos S.L. (Asociación entre todos: por la integración sociolaboral en
la Sierra del Segura). En el registro, consultado el día último de 2019,
todavía no figura la escuela y restaurante de Cáritas Albacete y, como puede
observarse, salvo la ubicada en Elche de la Sierra, las demás tienen una
relación directa con la Iglesia Católica. Viveros El Sembrador (Memoria 2017)
Esta última, El Sembrador, trata de formar a personas en riesgo de
exclusión social para obtener un certificado de profesionalidad en
hostelería. En las aulas, bien dotadas, reconocidos profesionales
imparten clases teóricas y en el restaurante aprenden a cocinar, servir
mesas o atender una barra. Como entidades financiadoras figuran, en
lugar preminente del restaurante, empresa Arcos, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y Unión Europea.
Foto ISS (13.11.2019)
Además, aparecen Bankia, Banco Santander y Obra Social La Caixa,
firmas financieras con mera labor propagandística en apoyo de
actividades contra la exclusión social, pero que realmente tienen un
marcado protagonismo en desigualdad, exclusión y dificultades para el
uso bancario en territorios y colectivos socialmente vulnerables. En ese
sentido se puede ver, por ejemplo el artículo de Beatriz Fernández
Olit, de Economistas sin Fronteras, “Servicios bancarios: ¿una barrera
para la integración social?” (Revista Contexto,
https://ctxt.es, 8.8.2018). Esta frase pertenece al citado artículo: “El
impacto que la crisis ha ejercido sobre los colectivos socialmente
vulnerables ha sido intenso: un 3% ha perdido su casa por impago de la
hipoteca, un 9,5% se ha visto afectado por la morosidad, el 9% ha tenido
que cerrar su cuenta bancaria”.
También en
lugar preferente, al lado de las financiadoras financieras, expertas en AE
(Ayudas del Estado), PEF (Paraísos y elusiones fiscales), PG (Puertas
giratorias) y JA (Jubilaciones anticipadas para sus trabajadores, pero
defensores de los 67 años o más para otros sectores), figura enmarcada la
siguiente frase: “Caritas apuesta por una economía que no genere desigualdad,
exclusión y pobreza, poniendo en el centro a las personas y sus derechos”.
Desde luego, esa no es la apuesta de los bancos, por lo que cabe pensar en la
fábula del lobo al cuidado de las ovejas.
Portada de la Memoria 2016 (Fundación El Sembrador)
Otra frase
contigua reza así: “La Fundación el Sembrador impulsa la economía social y
solidaria a través de la inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social”. Y es que tras el restaurante escuela está la Fundación El
Sembrador, en cuya página de Internet sólo se pueden consultar las memorias de
2010 a 2017, La Fundación se define como entidad sin ánimo de lucro,
constituida en el año 2007 por Cáritas Diocesana de Albacete, Cámara de
Comercio e Industria de Albacete (después sustituida por la Confederación de
Empresarios de Albacete) y Universidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo
fundamental de promover la inserción sociolaboral de colectivos en situación o
riesgo de exclusión social a través del empleo.
En la Memoria de 2010 se relacionan los colectivos con los que
trabajan: Internos de centros penitenciarios cuya situación permita
acceder a un empleo, liberados condicionales y exreclusos, víctimas de
violencia doméstica y en estado de exclusión social, minorías étnicas en
situación de exclusión social, parados de larga duración mayores de 45
años, hombres o mujeres sin hogar, personas con baja empleabilidad y
formación que viven en el medio rural, personas sujetas a algún tipo de
adicción o drogodependencia o mujeres con dificultades de inserción
laboral por falta de formación y/o experiencia laboral previa.
Para
tener una idea de los fondos que manejan se puede hacer referencia a la
situación de 2017, últimos datos que se conocen a través de Internet. La suma
total de recursos económicos invertidos ese año en los distintos proyectos de
la Fundación es de 652.383,99 euros, 270.881,41 (41,52 por ciento) procedentes
de ayudas y subvenciones públicas recibidas y 381.502,58 (58,48) de recursos
privados y propios (Memoria 2017). Foto ISS (13.11.2019)
Quizá
la Iglesia católica ve las orejas al lobo y es consciente de que la opacidad en
sus cuentas no es posible por mucho tiempo. Además, el maná del Estado se pone
un poquito más difícil, sobre todo por las indicaciones de Europa. No me atrevo
a dar una cifra de la cantidad de millones de euros que entre todos pasamos a
la institución eclesiástica, pero si puedo recordar las vías: asignación
tributaria vía IRPF, aportaciones directas para fines muy diversos o exenciones
y beneficios fiscales y administrativos. Sin cuantificar, por falta de
transparencia, bienes inmatriculados, donaciones de suelo público o beneficios
fiscales al mecenazgo (exenciones por entradas a instalaciones eclesiásticas,
herencias o donativos). Además, sus pastores cada vez pastorean menos ovejas. Por
eso, tal vez, la Iglesia explora otras vías de financiación para el desarrollo
de sus actividades.
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